Se inició con la digitalización de documentos, luego soporte de gestión, analítica de decisión, y ya hay algunos casos pioneros de sustitución de la decisión humana.
La inteligencia artificial ya dijo presente en la actividad ejecutiva del Estado, y en la actividad judicial, con algunas experiencias pioneras en Canadá, Holanda y Australia por ejemplo.
La actividad legislativa es la menos afectada, e incluso hay reticencia parlamentaria a tratar el tema en normas legales, con excepciones contadas: Corea, Unión Europea, y anuncios en Alemania y Estados Unidos.
En Australia recientemente la incorporación de la inteligencia artificial se salió de cauce con la llamada “debacle de la “robodeuda” (robodebt), que ha provocado un clima público adverso a la inteligencia artificial.
¿Por qué sucedió esto y qué factores diferencian el caso australiano de la ya habitual incorporación de las TIC a la gestión pública? ¿Puede la robótica reducir el número de empleados de la administración pública?
Para conversar sobre estos temas, recibimos al abogado especializado en Gestión de las Telecomunicaciones y en Derecho de Alta Tecnología, Matías Rodríguez, en una cuarta edición de los “Desafíos éticos y jurídicos de la robótica y la inteligencia artificial”.
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