Dos gremiales vinculadas a las nuevas tecnologías —la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) y la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU)— presentaron en el Parlamento un proyecto de ley para promover la instalación y desarrollo de plataformas de economía colaborativa como Uber o Airbnb, y solucionar su control por parte del Estado.
Pretenden potenciar al sector permitiendo el acceso a beneficios fiscales y eliminando las barreras «injustificadas» para el ingreso a los mercados. Respecto a la regulación, el texto establece que cuando las plataformas «presten otro tipo de servicios, estarán sujetas a la normativa específica del sector de actividad en que se desempeñen».
El presidente de la CEDU, Marcelo Montado, dijo a El País que la propuesta se elaboró bajo el precepto de que se deben regular las actividades y no las aplicaciones. Aclaró que «todos los actores de estas nuevas economías deben tributar y adecuarse a la normativa que exista», aunque llamó a «aggiornar» dichas regulaciones.
El proyecto de ley sostiene que los organismos del Estado encargados de controlar las actividades alcanzadas por las nuevas tecnologías «deberán actuar coordinadamente para regular y ejercer los poderes jurídicos que les sean propios, brindando un marco normativo adecuado que posibilite el desarrollo de las actividades vinculadas a la economía colaborativa».
A su vez, indica que deberán atender «que los requisitos para el acceso al mercado no serán discriminatorios, debiendo estar justificados y proporcionados a la realidad concreta del negocio, sin privilegiar un modelo sobre otro». Este apartado parece en línea con un fallo de la Comisión de Defensa y Promoción de la Competencia —órgano desconcentrado del Ministerio de Economía—, que tras desestimar una denuncia de la patronal del taxi analizó que el sector del transporte privado de pasajeros tiene barreras que dificultan el acceso y la libre competencia.
Las gremiales también piden observar para la regulación «si los servicios son prestados por entidades profesionales o por particulares en forma ocasional; así como qué grado de influencia ejercen las plataformas colaborativas sobre sus clientes prestadores de los servicios».
El último artículo menciona la exigencia por parte de las aplicaciones de cumplir «con los requisitos en materia de información». Establece que estarán obligadas a informar a los usuarios y a los organismos públicos competentes su denominación social, representante legal, domicilio o dirección de un establecimiento permanente en el país, y los datos referidos «a toda autorización, permiso, licencia u otros requisitos administrativos necesarios para su actividad».
La iniciativa fue presentada a la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de Diputados, que tiene en análisis un proyecto del gobierno que busca regular la actividad de Uber y aplicaciones similares dedicadas al transporte de pasajeros, y también una propuesta del legislador frenteamplista José Carlos Mahía que abarca a todas las nuevas plataformas.
Montado explicó que la motivación de las gremiales para presentar su propio proyecto surgió «al ver que hay leyes (a estudio del Parlamento) que apuntan a la economía colaborativa con mensajes restrictivos y no en línea con el fomento de la actividad».
Subrayó que Uruguay cuenta con infraestructura tecnológica, personal capacitado y buena penetración de Internet, por lo que «tiene un potencial enorme» para avanzar «en la creación de un ecosistema efervescente» a nivel digital. «Tenemos los insumos necesarios, hay que ir a buscar la ola para empezar a surfearla. Así aparecen nuevos actores o vienen más del exterior», concluyó.
Fuente: El País
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