El avance a pasos de gigante de la revolución digital ha estado ligado de manera íntima en los últimos años al desempeño económico de las naciones. Un trabajo reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indicó, por ejemplo, que un incremento del 10% en la penetración de servicios de banda ancha en América Latina generaría una suba promedio de 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y un incremento de la productividad de 2,6 puntos porcentuales.
Otra investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Europea da cuenta de que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) brindaron arriba del 40% de los incrementos anuales de productividad en la Unión Europea (UE), y explican casi el 25% del aumento anual del PIB de la UE.
Un nuevo trabajo -“La gobernanza de las telecomunicaciones: Hacia la economía digital”, también del (BID)- pone el foco en cuál es la situación en América Latina y el Caribe (ALC) en relación a la brecha digital entre la región y las naciones desarrolladas. También hace un análisis sobre la gobernanza de este tema en estos países y cuáles son las necesidades de reforma detectadas.
“Una buena gobernanza de las telecomunicaciones es esencial para alinear al máximo posible los intereses de los actores del sector privado con los del público y los de los consumidores para crear una economía digital que ayude a promover el desarrollo”, indica uno de los autores del trabajo, Joan Prats, según se detalla en un comunicado.
Si bien Uruguay presenta mejores números que sus pares de la región en la mayoría de las dimensiones consideradas, el informe señala qué pasos podría dar el país para mejorar. En esta línea, por un lado se señalan una serie de “limitantes” y, por otro, se sugieren posibles “reformas”.
Dentro de las primeras, se señala que el “marco legal no cuenta con una norma de protección al consumidor particular para los usuarios de servicios TIC, ni con una ley marco para el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones”.
A su vez, se critica que “la Agenda Digital más reciente cubría el período 2011-15 pero no ha sido actualizada”. En tercer lugar, apunta que el “espectro radioeléctrico asignado representa tan solo el 20% de lo recomendado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para el año 2015, y el 15% de lo recomendado por la UIT para el año 2020”.
¿Y por el lado de las posibles reformas? La primera sugerencia del informe es “modernizar” el marco normativo. “Elaborar un proyecto de ley que consagre los derechos de los usuarios de TIC así como los mecanismos para la efectividad de los mismos, y un proyecto de ley para el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones que contemple las mejores prácticas”, explica.
También pone arriba de la mesa la pertinencia de “diseñar y aprobar una estrategia para el desarrollo de la economía digital”, puesto que la participación en ésta “requiere del diseño de una estrategia que promueva la digitalización de los sectores de la economía, adoptando medidas que fomenten el uso y la adopción de las TIC por parte de las empresas”.
Finalmente, la tercera reforma sugerida tiene que ver con “acelerar la asignación de espectro radioeléctrico”. Esto porque “la baja cantidad de espectro radioeléctrico para las comunicaciones móviles exige aumentar la cantidad de espectro asignado para este fin, así como diseñar políticas encaminadas a garantizar la eficiencia en la administración de este recurso escaso”.
Cifras.
La penetración de banda ancha fija en la región es 10%, indica el trabajo basado en información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). En la OCDE ese guarismo trepa a 28%.
Si se mira qué pasa con la banda ancha móvil, en tanto, el 30% de la población accede a ella, menos de la mitad del 72% que ostenta como promedio la OCDE.
En promedio el 44% de los hogares de ALC cuenta con acceso a internet, lejos del 81% de la OCDE. Uruguay, en este caso, se ubicó en 60%, superando así el promedio regional. La investigación del BID también detalla que en la región el 40% de la población de menores ingresos debería dedicar una cifra equivalente al 10% de sus ingresos del mes para obtener una suscripción de banda ancha fija básica, en comparación con 3% en los países de la OCDE. Uruguay -donde el promedio roza el de OCDE- fue el que tuvo el mejor desempeño de ALC.
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¿Cómo está la región en tecnología 4G?
En América Latina y el Caribe solo el 27% de la población está cubierta por redes de cuarta generación de banda ancha móvil (conocida como 4G), indica el informe divulgado hoy por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En comparación, en los países de la OCDE este guarismo asciende al 77%.
La investigación precisa que, en este terreno, en la región existen “niveles de desarrollo muy dispares”. El Cono Sur es, de hecho, la zona donde el 4G ha avanzado más: 36% de la población. En este sentido, Uruguay es uno de los países que mejor posicionado está. El año 2016 se ubicaba en la segunda posición regional -detrás de Chile- con 65% de su población cubierta por redes de este tipo.
El relevamiento también da cuenta de cuántas personas dicen haber usado internet en los últimos 12 meses. En América Latina y el Caribe el promedio se ubica en 54%, muy inferior al promedio de la OCDE de 77%. En esta dimensión el Cono Sur también aparece como el de mejor desempeño, con un promedio de 52%. Uruguay, por su parte, estuvo por encima de este guarismo, con casi el 70% de la población usuaria de internet.
Por otra parte, se hace hincapié en los “problemas de calidad” que tiene el acceso a internet en la región. La velocidad media de las conexiones fijas en estos países alcanzó los 4,64Mbps, indicó el estudio basado en datos de Akamai, un “proveedor de servicios de contenidos digitales en la nube”. En los países de la OCDE es 13,14 Mbps. En las conexiones móviles, en tanto, en la región la velocidad promedio es 3,87 Mbps, que se eleva a 10,84 Mbps en la OCDE.
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Fuente: El País
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